La Paz, Bolivia /QAMASA Digital. – fiscal anticorrupción, Miguel Ángel Cardozo, informó este miércoles que se identificó un “daño económico al Estado” vinculado a recursos administrados por el Fondo Indígena. Según explicó, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, figura entre las personas que recibieron dinero de fondos públicos en cuentas privadas.
“Son ocho proyectos en ocho comunidades que han generado un daño económico al Estado. Entre los involucrados se encuentra la sindicada Lidia Patty, a quien se le habrían realizado diferentes depósitos a sus cuentas bancarias”, señaló Cardozo. El fiscal indicó que, por ahora, no se brindarán más detalles debido a que la investigación continúa en curso.
Pese a ello, aclaró que no existe, hasta el momento, una citación ni una orden de aprehensión contra la exlegisladora, conocida por haber impulsado denuncias en el llamado caso “golpe de 2019”.
Tras conocer la orden de aprehensión, Patty, en contacto con Unitel, dijo que todavía no fue notificada, pero asumirá defensa del caso.
“Estoy dispuesta a defenderme, yo soy boliviana, estoy en mi país y me voy a defender de las acusaciones (…) Nunca he pensado (huir), si no, no hubiera retornado de Argentina. Yo me voy a presentar en cualquier momento”, sostuvo.
Aunque evitó profundizar en detalles sobre los proyectos observados, la exdiputada aseguró que también ha sido afectada por el manejo del Fondo Indígena. “Por denunciar la corrupción, por eso estoy pagando en este momento sufriendo esto”, expresó.
En paralelo a estas declaraciones, una comisión de fiscales y efectivos policiales intervino sorpresivamente las oficinas del Fondo Indígena en la ciudad de La Paz. Durante la mañana, los investigadores ingresaron al área de archivos para recolectar documentación vinculada a posibles hechos de corrupción dentro de esta institución.
Pasado el mediodía, los funcionarios abandonaron el edificio cargando cajas con documentos y archivos incautados que serán sometidos a revisión.
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, creado en 2005 durante una gestión del MAS, administró importantes recursos destinados a proyectos en comunidades rurales, varios de los cuales ya fueron cuestionados en investigaciones anteriores(CORREO DEL SUR/ AGENCIAS).