La Paz, Bolivia/QAMASA Digital. – La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve afiliadas condenan la escalada de violencia que se registra en La Paz y se suma a los pronunciamientos de protesta de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) y del Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP) en repudio a las agresiones físicas y verbales perpetradas contra los trabajadores de la prensa que cumplen su labor informativa en medio de las movilizaciones sociales. Las organizaciones periodísticas exigimos a las autoridades de Gobierno atender las causas de los problemas sociales e impulsar el cese inmediato de las condiciones que generan violencia y que afectan a toda la población boliviana, en especial al departamento de La Paz.
Manifestamos nuestra solidaridad con el periodista del Grupo Fides, quien fue interceptado y golpeado por un grupo de cooperativistas mineros mientras realizaba la cobertura de las protestas este jueves. También exigimos justicia para el colega de la red Gigavisión, quien, durante la cobertura del ataque de los maestros al Ministerio de Educación, resultó herido por el impacto de una granada policial en el rostro.
El miércoles 13 en la ciudad de El Alto, un corresponsal y un equipo de una red privada de televisión fueron atacados por campesinos con hondas y piedras y ambos fueron expulsados.
El martes 12 de mayo, una mujer que llevaba los símbolos de dirigente originaria campesina asestó golpes a la cabeza de un camarógrafo de la red privada de televisión Unitel, también en El Alto, según la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
En Santa Cruz, la periodista de la cadena de televisión “F10” Jeruslava Ojeda sufrió lesiones que le impiden caminar, mientras registraba una pelea entre un seguidor del expresidente Evo Morales y un dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), en la Plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el 12 de mayo.
En 2025, en Bolivia se registraron 52 agresiones a periodistas y hasta la fecha ningún responsable fue procesado ni sancionado. Frente a la escalada sistemática de ataques, estigmatizaciones y el uso de calificativos degradantes como “prensa vendida”, la ANPB y las nueve asociaciones departamentales exigen garantías reales para la labor informativa.
“No pedimos privilegios, exigimos seguridad efectiva para los periodistas en zonas de conflicto. Demandamos una investigación inmediata que identifique y procese a los agresores. Recordamos al Estado que proteger el periodismo libre no es opcional: es un deber constitucional y el sostén de nuestra democracia. ¡No más impunidad en los ataques a la prensa!”(Opinión).