Por : Susana De La Rosa/Sociologa
La reciente ola de parálisis que mantiene al país bajo decenas de cortes de rutas y desabastecimiento urbano ha reactivado los discursos de la justificación corporativa. Voces ligadas al pasado inmediato insisten en que «Bolivia ya no se puede gobernar sin los indios», elevando el bloqueo de carreteras a la categoría de virtud metodológica
Sin embargo, la realidad en las rutas del país expone una dinámica muy diferente: la de una dirigencia que instrumentaliza la indumentaria y la identidad originaria como un blindaje discursivo para defender privilegios sectoriales, eludir el Estado de derecho y encubrir una absoluta carencia de un proyecto de país viable, moderno y sostenible.
El argumento de que cogobernar con estos movimientos garantiza estabilidad se desmorona ante su propio vacío doctrinario. El sincretismo ideológico del socialismo indígena —esa conjunción teórica entre el discurso indianista, el indigenismo de manual y el katarismo utilitario— demostró su ineficacia en la práctica. Durante dos décadas de bonanza, este aparato discursivo fue incapaz de formar estadistas idóneos o cuadros técnicos acordes a las complejas exigencias del siglo XXI.
En lugar de forjar gestores institucionales, el modelo reprodujo liderazgos asambleístas, expertos en la coacción vial y dirigentes subordinados al beneficio corporativo.
Hoy, esa falta de preparación pasa factura: ante la urgencia de reordenar la necesidad de combustibles, no existe de su parte una propuesta técnica ni un plan económico alternativo; lo que impera es la resistencia al cambio, la informalidad y la protección de fueros particulares que se niegan a asumir responsabilidades macroeconómicas.
Bloquear el paso de oxígeno, alimentos y ambulancias no es ejercer la ciudadanía; es la respuesta de una dirigencia carente de propuestas reales que asfixia la economía al verse desprovista de argumentos técnicos.
Esta desnaturalización del proyecto indígena evoca irremediablemente la frustración histórica de Fausto Reinaga, el padre intelectual del indianismo en Bolivia. El célebre pensador, que consagró su obra a la búsqueda de la emancipación y la dignificación del indio frente a la opresión del sistema colonial, observaría hoy con profunda decepción cómo sus tesis de liberación fueron desvirtuadas. En lugar de edificar una sociedad regida por los principios de la razón amaútica y el progreso autónomo, el poder se degradó en un corporativismo prebendal e influyente de camino.
El sueño de Reinaga de ver al indio gobernando con idoneidad intelectual, moral y técnica fue traicionado por un pragmatismo destructivo que redujo la identidad a un simple recurso de chantaje extorsivo. Aquella revolución india que él teorizó con miras a la libertad nacional terminó convertida en el instrumento de su propio estancamiento, atrapada en las redes de una burocracia sindical que asfixia el desarrollo de su pueblo.
Esta parálisis formativa ha provocado un cortocircuito devastador en el recambio político de las propias organizaciones sociales. Al haber inhibido el surgimiento de nuevas mentes críticas para proteger la hegemonía de las viejas cúpulas, la disidencia interna dentro del bloque popular ha quedado completamente desarmada. No existen liderazgos de relevo capaces de disputar el control a las facciones radicales ni de proponer una agenda de modernización sindical.
Las bases jóvenes, integradas al sistema universitario o al comercio formal urbano, observan cómo sus organizaciones siguen secuestradas por jefaturas inflexibles que solo operan mediante la confrontación.
Al no haber estructurado cuadros con visión de futuro, la renovación interna es neutralizada por el dogma, dejando a los gremios y comunidades campesinas atrapados en una dinámica de desgaste político donde las posturas moderadas son silenciados y las posiciones extremas perpetúan su control mediante la presión social.
Las consecuencias económicas de esta obsolescencia dirigencial recaen con especial severidad sobre el pequeño productor campesino, a quien dicen representar. Al carecer de líderes con conocimientos de cadenas de valor, mercados globales o tecnificación agrícola, el sindicato tradicional ha condenado al minifundio a la subsistencia.
Los bloqueos prolongados estrangulan al productor de base: sus cosechas y productos lácteos se deterioran en las carreteras esperando un tránsito que sus propios dirigentes les impiden, destruyendo su capital de trabajo y forzándolos al endeudamiento.
Mientras las cúpulas negocian cuotas y buscan poder, el campesino pierde su sustento, se vuelve incapaz de cumplir sus obligaciones financieras y ve cómo los insumos agrícolas importados se encarecen debido a la escasez de divisas que las mismas medidas de presión agravan.
La ausencia de una visión económica moderna ha transformado al sindicato en el principal obstáculo para el desarrollo rural. Lo más alarmante de este repliegue corporativo es el sesgo de exclusión que proyecta. Mientras las dirigencias de las tierras del occidental argumentan una supuesta superioridad moral basada en la identidad originaria, ejercen una hostilidad sistemática contra las autoridades y el aparato productivo del Oriente boliviano.
A los departamentoa, que sostienen la seguridad alimentaria se les descalifica de manera automática bajo categorías anacrónicas, fracturando la unidad nacional bajo un criterio de supuesta preeminencia demográfica. Este revanchismo ha derivado en la intolerancia política, desconociendo al presidente constitucional Rodrigo Paz Pereira como ciudadano legítimo.
Se pretende instalar la narrativa de que solo un determinado origen étnico u opción partidaria otorga el derecho a conducir el Estado. Olvidan que el mandato del presidente emanó del voto soberano y legal en las urnas, poniendo fin a dos décadas de hegemonía de un solo signo.
Intentar asfixiar a un gobierno democrático mediante el estrangulamiento de las carreteras demuestra que no se busca la inclusión plurinacional, sino la imposición de un veto autoritario.
Bolivia pertenece a todos sus ciudadanos por igual, y ninguna indumentaria tradicional puede ser usada como salvoconducto para vulnerar la institucionalidad y la ley.
Ante este escenario de asfixia inducida, Bolivia necesita de inmediatoun proceso de pacificación y el restablecimiento pleno del orden constitucional.
Las carreteras no pueden operar como el mecanismo de sumisión de la economía nacional ni como el tribunal donde dirigencias particulares dictan sentencias sobre el derecho a la libre circulación y al trabajo.
La estabilidad de de Bolivia, exige que el Estado ejerza su autoridad democrática para restablecer el orden, garantizando la vigencia de las leyes y abriendo canales reales de concertación técnica.
Solo mediante el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales y el cese de los radicalismos sectoriales se podrá devolver la certidumbre a los productores del campo y la paz a las ciudades, resguardando las instituciones frente a la presión de grupos reducidos que representan a algunos sectores sociales.
La Paz, 15 de junio 2026