Oruro, Bolivia /QAMASA Digital. – El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, y el alcalde Iván Quispe, remitió un requerimiento oficial a la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO). En el documento, la máxima autoridad edil solicita un informe detallado y documentado sobre los patrocinadores, auspicios y convenios económicos de l17 años vinculadas a la organización de la Entrada Folklórica.
El pedido formal —dirigido expresamente al presidente de la ACFO, Ángel Arancibia Murillo— busca fiscalizar de manera integral el manejo de los recursos generados por 17 gestiones de la Entrada Folklórica del Carnaval de Oruro, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y conocida con Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.
Los puntos clave de la fiscalización
La solicitud del burgomaestre abarca una fiscalización profunda, requiriendo información precisa sobre los siguientes ámbitos:
Contratos y Beneficios: Exige transparentar los acuerdos, los montos económicos percibidos y las contraprestaciones pactadas con las empresas auspiciadoras.
Derechos de Propiedad Cultural: Solicita conocer cuáles son las condiciones y los límites establecidos para el uso comercial del nombre y de la imagen de la festividad orureña.
Proyección a Futuro: El requerimiento conmina a la asociación folklórica a detallar la lista de patrocinadores que ya se encuentran confirmados con miras al Carnaval de Oruro
El sustento jurídico de la Comuna
La fiscalización de la Alcaldía de Oruro se ampara en un entramado legal específico de Bolivia que regula la autonomía municipal y la protección del patrimonio cultural.
La Ley Nº 602 de Organización del Carnaval de Oruro, esta a norma designa la organización y programación a un comité interinstitucional conformado por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), la ACFO y el Comité Departamental de Etnografía y Folklore. Al ser parte legal de la organización, el municipio posee la co-responsabilidad de supervisar el uso de la marca e ingresos comerciales derivados de la «Obra Maestra».
Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, o torga facultades exclusivas para administrar y fiscalizar actividades públicas y recursos dentro de su jurisdicción territorial. El municipio argumenta que el uso de bienes de dominio público (como la venta de metros lineales de la ruta o el espacio aéreo para publicidad) amerita rendición de cuentas.
Ley Nº 530 del Patrimonio Cultural Boliviano: Esta ley obliga al Estado a proteger y defender el patrimonio inmaterial frente a la mercantilización desregulada, velando por que las contraprestaciones de alianzas comerciales beneficien y salvaguarden la identidad de la propia región.
Declaraciones de las partes involucradas
El cruce de posturas ha elevado la tensión institucional entre ambas entidades rectoras de la festividad:
Iván Quispe Gutiérrez, Alcalde de Oruro:, indicó «Es una necesidad imperativa revisar los aspectos organizativos y administrativos de nuestra máxima fiesta. Como Gobierno Municipal, tenemos la obligación legal de velar por el patrimonio de los orureños. La ciudadanía merece conocer públicamente el destino, los ingresos, gastos y los convenios firmados bajo el nombre del Carnaval. No podemos permitir la opacidad en un evento que se desarrolla sobre los espacios públicos de nuestra ciudad.».
El Presidente de la ACFO Ángel Arancibia Murillo, señaló al respecto «Rechazamos enfáticamente cualquier intento unilateral de modificar la organización del Carnaval de Oruro. La ACFO no fue convocada para participar ni consensuar en la planificación de las modificaciones que ahora plantea la Alcaldía. No se olvide que los 52 conjuntos afiliados realizan inversiones millonarias y significativas que cubren hasta el 80% del costo total del Carnaval en trajes, bandas y logística. Exigimos el respeto estricto a la Ley 602 y defenderemos las conquistas institucionales por la vía jurídica si es necesario.»
Reacción institucional y estado de emergencia
Como respuesta directa a este requerimiento de fiscalización y tras una Asamblea Ordinaria de Presidentes y Delegados, la ACFO emitió la Resolución N.º 10/2026, declarándose en estado de emergencia.
La asociación de conjuntos folklórica de Oruro, se opone a cualquier cambio que altere el esquema económico actual del armado de graderías, el cual destina un 60% de ingresos a la ACFO y un 40% al GAMO. Mientras el debate continúa de cara a las actividades del Carnaval 2027, la falta de consenso amenaza con judicializar la administración de la festididad folklórica más importante de Bolivia.(PERIÓDICO QAMASA).