Por: Susana De La Rosa – Sociologa
El escándalo desatado por el contrato entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.) y la presentadora Anabel Angus desnuda una realidad incómoda en la administración de las empresas estatales en Bolivia: mientras al ciudadano de a pie se le exige apretarse el cinturón frente a la estrechez económica, desde las oficinas públicas se firma con absoluta ligereza un desembolso de Bs 485.775 para financiar publicidad de imagen.
Las cifras del documento —suscrito el 6 de mayo de 2026 con vigencia de un año hasta mayo de 2027— son tan elocuentes como difíciles de justificar bajo cualquier criterio de austeridad. La estatal comprometió casi medio millón de bolivianos, divididos en dos cuotas de Bs 318.452,50 y Bs 167.322,50, lo que equivale a un gasto promedio de Bs 40.481,25 mensuales. ¿Qué recibe el Estado boliviano a cambio de esta suma exorbitante? Ni una sola antena nueva, ni un kilómetro adicional de fibra óptica, ni mejoras en la cobertura rural. El objeto del contrato es puramente cosmético: dos videos al mes en Instagram replicados en TikTok, dos historias interactivas mensuales y la presencia en un único evento corporativo al año. En términos prácticos, las arcas públicas pagan más de Bs 10.000 por cada publicación digital.
Aquí surge una interrogante fundamental que los directivos de la estatal evaden responder: ¿qué «gran imagen» aporta realmente Anabel Angus a la compañía que justifique semejante desembolso? Más allá de su popularidad en la televisión de entretenimiento o en el ámbito de la farándula, la figura de una presentadora de revistas matinales no guarda ninguna relación con la innovación tecnológica, la calidad de las telecomunicaciones ni la solvencia técnica que un usuario busca en un proveedor de internet y telefonía. La reputación de una empresa de servicios se construye con velocidad de navegación, estabilidad de señal y tarifas justas, no con el rostro de una celebridad sonriendo en una historia de Instagram. Pretender que el prestigio de una empresa estratégica dependa del brillo mediático de una figura del espectáculo es subestimar la inteligencia del consumidor boliviano.
Resulta igual de insostenible el argumento esgrimido por la gerencia de ENTEL de que este gasto responde a una estrategia comercial necesaria para competir en redes sociales frente a operadoras privadas. ENTEL no es un emprendimiento emergente que necesite darse a conocer en el mercado; es la empresa líder de telecomunicaciones del país, con más de 6,7 millones de usuarios y presencia en más de 21.000 localidades. Destinar recursos estratégicos a pagar sobreprecios por una «embajadora de marca» no solo refleja una desconexión total con las verdaderas urgencias tecnológicas del país, sino una peligrosa confusión entre la gestión de una empresa pública y el derroche discrecional de una firma privada.
Más preocupante aún es el intento de desviar la atención pública cada vez que se exige transparencia. Cuestionar este despilfarro no tiene nada que ver con ataques personales ni con desmerecer trayectorias individuales en el mercado privado; se trata, pura y simplemente, del derecho ciudadano a fiscalizar cómo se administra el dinero de todos los bolivianos.
Cuando una empresa estratégica prefiere invertir casi medio millón de bolivianos en vitrina digital antes que resolver las deficiencias de señal e internet que padecen miles de usuarios, el problema deja de ser publicitario y se convierte en ético. La fiscalización anunciada desde la Vicepresidencia no debe quedar en un simple titular coyuntural: el país exige explicaciones claras y el freno inmediato a los gastos suntuosos con plata del Estado.

