La Paz, Bolivia/QAMASA Digital. – La tragedia ocurrida en el Regimiento de Artillería-2 «Bolívar» de Viacha, donde una doble explosión dejó un trágico saldo de víctimas mortales, personas desaparecidas y viviendas destruidas, requería la máxima madurez, respeto y decoro institucional. Sin embargo, el comportamiento del segundo mandatario ha provocado que aumente la indignación y la vergüenza de los bolivianos al constatar el preocupante nivel de esta autoridad, entre otras que gobiennan el país.
Hemos sido testigos de cómo el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, decidió montar un espectáculo personalísimo y descerebrado sobre las cenizas, el llanto y el dolor de familias que buscan desesperadamente certidumbre acerca de sus hijos, a días de haberse suscitado la tragedia.
Un vicepresidente del Estado Plurinacional no puede actuar de manera desbocada ni sobrepasar los límites de su autoridad. Si de verdad hubiera tenido la intención de fiscalizar y cooperar, existen las instancias institucionales, las comisiones legislativas y los conductos regulares para solicitar información de manera formal ante el Ministerio de Defensa o el Alto Mando Militar.
En lugar de ello, Lara prefirió actuar con la actitud descontrolada de un matón de pelea callejera, avanzando sin frenos y olvidando por completo que ostenta una investidura oficial y de Estado que merece un mínimo de decoro y dignidad. Después de observar las imágenes difundidas, se evidencia cómo Lara confrontó de manera vehemente a un oficial, elevando el tono de voz y lanzando expresiones calificadas como humillantes, autoritarias e intimidatorias. Cuando el efectivo decidió retirarse de forma prudente y le dio la espalda, el vicepresidente avanzó detrás de él para prolongar el hostigamiento, rebajando la dignidad de su alto cargo a un burdo pleito de esquina.
Esta irresponsable puesta en escena ante las cámaras no solo interfirió con los protocolos de emergencia, sino que provocó un peligroso desorden entre la gente apostada en el lugar, incitando a que la multitud enardecida agrediera físicamente al oficial en servicio.
Esta conducta evidencia una profunda bajeza y genera vergüenza ajena en la ciudadanía boliviana. Su proceder deja en claro que, debido a su pasada condición de exoficial destituido de la Policía Boliviana, desconoce u omite intencionalmente los procedimientos técnicos, las leyes y las normas más básicas de la jerarquía y el respeto institucional.
El vicepresidente no forma parte de la cadena de mando militar ni integra el Alto Mando conforme a la Ley 1405 (Ley Orgánica de las FF.AA.). Un oficial en custodia tiene la obligación estricta de cumplir las consignas de su unidad y resguardar el área del desastre, no la de soportar abusos de poder ni rendir informes improvisados para el show mediático de un político en campaña digital. Especular, gritar y perseguir a un uniformado en las puertas de un cuartel en crisis constituye una muestra flagrante de autoritarismo y una preocupante vulneración a las obligaciones del cargo público.
El ejercicio de una función de alta responsabilidad exige prudencia, respeto y apego absoluto a los procedimientos. Las familias afectadas en Viacha merecen estar informadas mediante investigaciones técnicas rigurosas que les den certidumbre real. Lo que menos necesitan es que sus fallecidos, desaparecidos y heridos sean utilizados como escudos mediáticos por una autoridad sin escrúpulos que antepone su figura en plataformas digitales y su necesidad de limpiar su propia imagen pública al respeto que el uniforme militar, la ley y el país demandan.
Ante la gravedad de este atropello, los bolivianos exigimos un freno inmediato: la ciudadanía merece respeto absoluto por parte de quienes ocupan puestos de poder. Es necesario recordarle al vicepresidente Lara que él es un simple empleado del pueblo boliviano, pagado con los recursos de los ciudadanos para servir al país, y no para aprovecharse del dolor ajeno con fines políticos o de figuración personal. Ningún funcionario, por muy alto que sea su cargo, tiene derecho a pisotear la dignidad del pueblo que lo sostiene.
Por la gravedad de este atropello, no se puede dejar pasar este hecho como si nada hubiera pasado. El Ministerio de Defensa o el militar afectado deben denunciar penalmente al vicepresidente ante la Fiscalía por abuso de poder, amenazas y agresiones. Al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa debe dejar de mirar a un lado; los diputados tienen la obligación de exigir informes inmediatos y votar para quitarle la inmunidad a esta autoridad, para que rinda cuentas ante un juez como cualquier ciudadano.
A este escándalo se suma la vergonzosa actitud de la senadora y diputados que apoyan a Lara, quienes por fanatismo político demuestran que no entienden sus funciones ni respetan las leyes, prefiriendo defender un abuso antes que defender la justicia.
El cargo de vicepresidente no da un cheque en blanco para violar las normas ni para agredir a quienes atienden una emergencia y están al servicio del. país, permitirlo significaría aceptar que las autoridades están por encima de la ley, cuando su verdadera obligación es someterse a ella y respetar al soberano que les dio el empleo.
Por: Susana De La Rosa/Sociologa