El ejecutivo sindical Mario Argollo, acompañado por la dirigencia nacional, ratificó la demanda de abrogación no solo del DS 5503, sino también de los decretos supremos 5509 y 5515. Aseguró que las autoridades del Gobierno cuentan con todas las garantías para asistir al encuentro en la sede sindical campesina y participar del diálogo planteado por la organización matriz de los trabajadores.
Desde la COB se advirtió que estos decretos, “disfrazados con otras medidas”, buscan beneficiar a empresas transnacionales mediante la entrega de recursos naturales, profundizando la concentración de riqueza y afectando a los sectores más vulnerables, golpeados —según señalaron— por la inflación y el encarecimiento del costo de vida.
No obstante, Argollo aclaró que la posición de la COB no es intransigente y que existe disposición para consensuar un nuevo decreto específico que apunte a eliminar la subvención a los denominados “burladores”, manteniendo al mismo tiempo los bonos sociales y las políticas de protección a los sectores más empobrecidos.
En el ampliado también se exigió la renuncia inmediata del ministro de Trabajo, Edgar Morales, a quien acusan de emitir comunicados oficiales que promueven el despido de trabajadores movilizados y generan zozobra e incertidumbre laboral en el país.
Asimismo, la COB informó sobre la conformación de un Comité Nacional de Movilizaciones en defensa de los recursos naturales, las empresas públicas, las áreas protegidas y el patrimonio nacional con soberanía. La dirigencia ratificó que la central obrera liderará la coordinación con todos los sectores movilizados a nivel nacional.
La COB advirtió que no permitirá intimidaciones mediante procesos judiciales ni demandas que consideran falsas, y exigió al Órgano Judicial el respeto pleno a los derechos sindicales, como la huelga general y el juicio sindical, consagrados en la Constitución Política del Estado y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ese marco, anunció la presentación de una queja formal ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT por las restricciones a la libertad sindical y los proyectos de ley que —según denunciaron— atentan contra las conquistas históricas del movimiento obrero.