QAMASA Digital.- La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, calificó de sesgado el informe de Transparencia Internacional, que ubica a Bolivia en el puesto 133 de 180 países, que resalta la percepción sobre la corrupción en la administración pública.
«Creo que es información totalmente sesgada. Poco transparente, poco representativa, porque por lo menos con nosotros no se han entrevistado, que somos los entes competentes. Entonces consideramos que no es un informe que debamos tomar en cuenta», dijo la autoridad.
El reciente informe de Transparencia Internacional señala que Bolivia tuvo un retroceso en el índice, rebajando su calificación de 31 de la anterior gestión a 29. Esto tomando en cuenta que cero significa que el sector público de un país es percibido como altamente corrupto y 100 implica que es percibido como muy limpio.
Bolivia, en cuanto a la región americana, sólo está por encima de Paraguay, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, que son países con percepción de más corruptos.
«¿A quiénes han preguntado? ¿Cuál es el mecanismo de encuestas, si es pública, si es una entrevista, si es una charla de café o si es alguna metodología específica? No la conocemos y eso obviamente afecta porque no es un informe transparente», mencionó Ríos.
Si bien Transparencia Internacional sostiene que su índice se basa en la percepción de expertos, personas de negocios, además de otros instrumentos como encuestas, la viceministra cuestionó estos mecanismos de recolección de datos.
Ríos, observó también que en el ranking haya países con problemas fiscales y de lavado de dinero que están ocupando puestos importantes.
SENTENCIAS
Por otra parte, datos del Sistema de Procesamiento de Gestión de Procesos Penales, señalan que durante 2023 se lograron 93 sentencias por delitos relacionados a corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, de las que 67 son condenatorias y 26 absolutorias, informó la autoridad.
«En la gestión 2023 se han obtenido 93 sentencias, muy por encima de 2022, cuando habíamos logrado 56», explicó.
Asimismo, durante la gestión pasada se registraron 861 procesos penales por corrupción, de los cuales 264 están en la etapa preliminar (31%); 233 en la etapa preparatoria para el juicio (27%); 296 en la etapa de juicio oral (34%); y 61 están en la etapa de recursos (7%).