El análisis sobre ‘la institucionalidad cultural’ presentado en la cuenta de Facebook por el historiador Fernando Cajías de la Vega es acertado y pone el dedo en la llaga de una problemática histórica en Bolivia, sobre la gestión cultural y la turística que son, en sus palabras, «primas hermanas» que comparten fines, pero que a menudo se confunden.
Cuando el Estado integra estas áreas sin un norte claro, la cultura corre el riesgo de quedar relegada frente a las dinámicas del turismo y ante el desinterés de las autoridades de turno.
La fragilidad institucional, agudizada tras la incertidumbre y debate por el aparente cierre del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, evidencia una crisis profunda que no se resuelve cambiando nombres, sino fijando un rumbo claro.
Bajo el marco normativo nacional, el rol de este Ministerio está claramente definido: debe formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas destinadas al desarrollo turístico, el fortalecimiento de la identidad cultural y la preservación patrimonial del país. Sin embargo, en la práctica cotidiana se evidencia una profunda asimetría.
La realidad nos demuestra que el desarrollo del turismo sí se gestiona y se impulsa con recursos y atención, mientras que todo lo demás —el fortalecimiento de la identidad y la preservación del patrimonio— simplemente no se cumple.
Esta brecha se profundiza debido a que la cabeza del sector suele ser asumida por autoridades sin conocimientos básicos en folklore, patrimonios y artes. Al carecer de este perfil técnico, se limita a gestionar sus sectores de origen de manera aislada, tal el caso del turismo con la última Ministra.
Por su parte, el sector turístico empresarial a menudo avanza de forma independiente, priorizando la reactivación y la rentabilidad comercial, lo que dificulta la consolidación de un bien común o el diseño de estrategias conjuntas de promoción que integren y protejan directamente a los creadores y portadores del patrimonio nacional.
Esta desarticulación genera un círculo vicioso perjudicial. Ante el evidente incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de preservación, el sector cultural se ve obligado a mirar al Ministro de turno esperando que solucione problemas estructurales de forma milagrosa.
Esto deforma la relación entre el Estado y los ciudadanos, permitiendo que la autoridad crea erróneamente que le está «haciendo un favor» a la cultura, cuando en realidad el fomento al folklore, a las artes y la protección patrimonial constituyen una obligación pública fundamental que hoy se deja de lado.
Como investigadora y gestora cultural, mi propósito con esta opinión no es posicionarme a favor o en contra de la existencia de un Ministerio o de una Agencia en particular que dirija el destino de la cultura. El verdadero desafío no depende de la etiqueta o del estatus del despacho de turno, sino de generar una política cultural y estructural de Estado, sólida, técnica y permanente en el tiempo; ya sea que esta se ejecute a través de un Ministerio especializado o mediante una Agencia autónoma debidamente estructurada con el objetivo central de exigir políticas claras para el sector cultural, que preserven su seguridad y desarrollo sin quedar a merced del oportunismo del momento político.
Bolivia no puede seguir gestionando su riqueza identitaria bajo la lógica de la caridad o la improvisación. Urge construir una política cultural estructural que permita cumplir a cabalidad con todas las obligaciones públicas, logrando un trabajo armónico con el turismo pero respetando la dignidad y autonomía de los patrimonios y las artes.
La cultura no debe ser vista como un simple recurso de promoción estacional ni como un botín político, puesto que es el pilar de nuestra identidad y requiere una administración formal con visión de futuro.