Defiendo de manera irrestricta nuestras instituciones folklóricas y la legítima lucha por proteger el patrimonio cultural boliviano. Precisamente por ese compromiso, resulta indispensable señalar un problema interno que hoy debilita nuestra causa: el oportunismo de ciertos personajes nefastos que, amparados en el desconocimiento del verdadero rol de la UNESCO y de los planes de salvaguardia, impulsan medidas inviables para ganar protagonismo político o mediático, pretendiendo un Ministerio de Folklore.
La reciente exigencia de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP) al Gobierno de Rodrigo Paz Pereira – pidiendo gestionar ante la UNESCO la suspensión de la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno- es el ejemplo más claro de esta improvisación. Resulta alarmante que quienes representan a una festividad inscrita en la Lista Representativa de la UNESCO desde 2019 confundan la salvaguardia patrimonial con un litigio de propiedad intelectual.
En el plano normativo, la UNESCO no es un tribunal que adjudica patentes culturales ni reparte certificados de exclusividad sobre el origen de la Morenada, los Caporales o la Llamerada entre otras. Según la Convención de 2003, el organismo internacional reconoce expresiones culturales vivas y exige a los Estados y comunidades planes de salvaguardia, es decir, investigación, documentación histórica, transmisión de saberes y preservación interna, no campañas de bloqueo contra países vecinos.
En toda su historia, la UNESCO solo retiró un título una vez: al Carnaval de Aalst (Bélgica) en 2019, y fue por exhibir mensajes racistas y antisemitas que violaban los derechos humanos, jamás por una disputa bilateral.
Lo más grave es que, mientras ciertos actores exigen a la Cancillería gestiones condenadas al fracaso en París invocando una declaración política de 2014 que no es vinculante para la UNESCO, eluden la responsabilidad de ejecutar las tareas de protección que sí están en sus manos. Agitar banderas imposibles hacia afuera es la coartada perfecta para encubrir la falta de gestión hacia adentro.
Si realmente queremos honrar nuestras festividades y blindar el patrimonio boliviano frente a la apropiación indebida, debemos exigir seriedad técnica y trabajar en los mecanismos jurídicos reales:
Activar la Propiedad Intelectual Colectiva: Impulsar registros rigurosos ante el SENAPI y utilizar los marcos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Expresiones Culturales Tradicionales para exigir el derecho moral de atribución comercial en el extranjero.
Consolidar Denominaciones de Origen: Proteger a los maestros bordadores, careteros y luthiers bolivianos certificando la autenticidad de nuestra indumentaria e instrumentos frente a las réplicas industriales.
Cumplir con la verdadera salvaguardia y el marco andino: Invertir en archivos musicales y coreográficos propios, y utilizar la normativa de la Comunidad Andina (Decisiones 351 y 486) para establecer reglas vinculantes sobre el uso comercial del folklore en la región.
En el fondo, reducir la defensa del patrimonio a una pelea sin futuro muestra dos grandes fallas. Primero, se olvida que las culturas siempre han viajado y se han compartido a través de las fronteras y segundo, deja al descubierto cómo algunos dirigentes usan el orgullo por nuestras danzas para hacer política: buscan un enemigo afuera para ganar aplausos, asegurar votos o mantener su poder adentro, cambiando el trabajo cultural por el escándalo. Una tradición solo se mantiene viva cuando los propios bailarines y ciudadanos exigen resultados reales y transparencia a sus representantes. Nuestras instituciones folklóricas merecen líderes a la altura de la historia que representan; defender lo nuestro exige preparación, leyes y trabajo constante, no el aprovechamiento de quienes prefieren hacer ruido en los medios antes que cumplir con la verdadera salvaguardia.

