Por: Galia Ramos B./Sociologa Directora QAMASA
La postura de la dirigencia de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO), dirigida por Ángel Arancibia y David Alborta, al escudarse en su carácter de «institución privada» para rechazar de plano la fiscalización de sus recursos, es jurídicamente insostenible y éticamente ofensiva.
Por definición y por mandato legal, las asociaciones folklóricas obtienen su personería jurídica bajo la condición estricta de ser entidades «sin fines de lucro»; su única razón de ser es la salvaguarda cultural y el apoyo a las fraternidades folklóricas, no la acumulación financiera. Sin embargo, el manejo discrecional y hermético de los contratos exclusivos con marcas patrocinadoras devela un usufructo desmedido de un patrimonio que le pertenece por herencia a todos los bolivianos.
Al asumir una actitud corporativista y abandonar las mesas de diálogo en medio de gritos e insultos, la dirigencia no está defendiendo el folklore, sino un monopolio mercantil privado..
El Carnaval de Oruro genera un movimiento económico estimado en más de 650 millones de bolivianos. Que una entidad de naturaleza no lucrativa pretenda privatizar las ganancias de una festividad que se sostiene gracias al bolsillo, el sacrificio y la profunda fe de los danzarines de base —quienes pagan sus propios trajes por devoción a la «Mamita del Socavón»— es una contradicción que raya en la ilegalidad. Se está vaciando de contenido el sentido espiritual de la festividad, convirtiendo un acto de fe colectivo en una corporación de beneficio privado.
El Comité de Etnografía: El árbitro técnico asfixiado por el dinero
En medio de este fuego cruzado por el control de las arcas, el Comité Departamental de Etnografía y Folklore de Oruro surge como el elemento técnico más crítico y, lamentablemente, más ignorado en la disputa. Bajo la Ley 602, la organización de la Entrada descansa sobre un trípode institucional: la Alcaldía (logística y finanzas), la ACFO (coordinación de los danzarines) y el Comité de Etnografía y Folklore (rigor científico y patrimonial).
Incomprensiblemente, el poder económico ha asfixiado la labor de este último. Al carecer de los millonarios ingresos que genera el patrocinio comercial, el Comité ha sido relegado a un invitado de piedra por las directivas folklóricas. Mientras las partes principales discuten por la «caja chica» de los auspicios, se toleran graves distorsiones en los trajes (como la inclusión de colores corporativos e institucionales en plumas, mantas y polleras) y alteraciones coreográficas destinadas a complacer el marketing televisivo.
Un patrimonio manejado bajo la lógica del mejor postor comercial es un patrimonio que pierde gradualmente su rigurosidad histórica y, lo más grave, subordina la peregrinación religiosa a las pautas de las marcas de cerveza y telecomunicaciones.
El riesgo inminente ante la UNESCO y la desprotección del patrimonio
El Carnaval de Oruro no ostenta el título de Patrimonio Cultural Inmaterial por la cantidad de graderías vendidas o las marcas expuestas en la ruta, sino por la salvaguarda de sus expresiones orales, populares y, fundamentalmente, devocionales. La esencia que la UNESCO reconoció es el rito de la peregrinación hecha danza, un espacio donde la fe y la identidad indígena y mestiza se funden a los pies de la Virgen de la Candelaria.
Para mantener este reconocimiento universal, se exige una gobernanza armónica, ética y transparente entre el Estado y las comunidades portadoras. La intransigencia de la ACFO rompe este equilibrio, exponiendo al país a una severa llamada de atención exterior.
Además, mientras las instituciones folklóricas locales se desgastan en pugnas judiciales, el flujo de investigación científica del Comité de Etnografía se paraliza por falta de apoyo., con esto se deja completamente desprotegidas nuestras expresiones culturales, perdiendo la capacidad técnica de generar catálogos e investigaciones históricas contundentes para litigar y defender la propiedad de la Diablada, el Tinku o la Morenada frente a los constantes plagios transfronterizos.
Fiscalización, leyes y la vía penal para recuperar la institucionalidad
Frente a este escenario, la Alcaldía cuenta con plenas atribuciones legales para intervenir. Tras la negativa de rendición de cuentas, el alcalde Iván Quispe Gutiérrez instruyó formalmente una auditoría externa abarcando los últimos 17 años de gestión del Carnaval, derivando los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado.
Al recibir fondos públicos provenientes de la venta municipal de metros lineales y graderías, la ACFO está plenamente sujeta a fiscalización bajo la Ley SAFCO (Ley Nº 1178). El argumento de «ser privados» no los exime de explicar el destino de los recursos estatales de los orureños.
Si las investigaciones confirman que los millonarios recursos por patrocinios fueron desviados a cuentas bancarias particulares de los dirigentes en lugar de las cuentas institucionales, la vía penal es el paso inmediato.
La Dirección de Transparencia municipal tiene la obligación de perseguir delitos tipificados bajo la Ley de Lucha Contra la Corrupción, tales como el enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, la malversación y la apropiación indebida de un bien inmaterial colectivo. Asimismo, bajo la Ley Nº 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, cualquier entidad sin fines de lucro que desvíe su objeto social para generar ganancias privadas se expone a la revocatoria inmediata de su personalidad jurídica, provocando su disolución legal por contravenir el bien común.
Rescatar la fe del secuestro corporativo
La salida a esta crisis exige comprender que la Entrada Folklórica de Oruro no es una pasarela comercial ni una mercancía endosable a una directiva de turno, es ante todo, una promesa de amor y penitencia hacia la Virgen de la Candelaria(Virgen del Socavón).
Si las asociaciones nacieron y operan bajo la bandera del folklore y el desinterés lucrativo, deben someterse a la transparencia absoluta de cada centavo que ingresa a nombre de la festividad y rendir cuentas de cara al control social.
El Comité de Etnografía y Folklore debe ser restituido formalmente como el árbitro y autoridad de la festividad, y sus dictámenes técnicos deben tener carácter obligatorio para frenar la distorsión mercantil de las danzas.
La opacidad destruye el tejido cultural desde adentro, si las instituciones folklóricas persisten en usufructuar la fe, el esfuerzo y el dinero de los devotos para beneficio de unas cuantas billeteras privadas, terminarán siendo recordadas ante la historia no como las guardianas de la tradición, sino como las entidades corporativas que, por mera codicia, pusieron en jaque el mayor tesoro espiritual y cultural de los bolivianos, como el Carnaval de Oruro que es conocido a nivel mundial.
CARNAVAL DE ORURO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD – UNESCO