QAMASA Digital.- El colectivo ciudadano Movimiento Naranja convocó hoy a una conferencia de prensa de carácter urgente para informar a la opinión pública sobre la resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual concedió la medida constitucional impulsada en resguardo de la economía familiar.
La demanda, encabezada por el abogado y representante del colectivo, Dr. Juan Carlos Revollo Terrazas, fue interpuesta en contra de dirigentes del sector panificador federado e independientes (incluyendo al dirigente Fernando Chambi), el alcalde de La Paz, y autoridades estatales como representantes del Viceministerio de Comercio Interno y EMAPA, por presunta ineficacia regulatoria. La acción legal se basó en la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y la alimentación de los ciudadanos frente a las intenciones de elevar el costo de la canasta alimentaria básica.
Declaración oficial
Durante su intervención en la conferencia de prensa ante los medios de comunicación locales, el Dr. Juan Carlos Revollo Terrazas destacó el alcance del fallo:
«El movimiento naranja acaba de ganar una acción popular, acción constitucional, contra el gobierno contra los planificadores y se ha determinado en forma específica que el pan continúa a 0.80 centavos…», informó el Dr. Juan Carlos Revollo Terrazas.
Contexto y Estado de Emergencia
Tras la determinación judicial que frena las pretensiones de incremento, la dirigencia de los panificadores (a través de representantes como Willy Sarmiento) ha declarado al sector en estado de emergencia. El gremio argumenta que los costos operativos de producción se han elevado debido a la irregularidad en la distribución de insumos subsidiados, por lo que han convocado a ampliados de emergencia con sus bases para analizar cómo responderán a este fallo legal.
Por su parte, el Movimiento Naranja ratificó su compromiso de mantener una vigilancia social activa para evitar que se apliquen incrementos arbitrarios en los mercados de abasto, asentando un precedente constitucional en defensa del bolsillo de la población civil.
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